Hay que poner en valor nuestra
aportación como profesionales de la arquitectura a la sociedad. La garantía de calidad
en el trabajo de los arquitectos es un bien público, no solo para los
arquitectos sino para todos los agentes económicos. Desde el año 2009, la
legislación española prohíbe taxativamente a los Colegios tomar acuerdos y
circular a los colegiados baremos orientativos de honorarios. Esta dinámica
está provocando, entre otros, disfuncionalidades en la gestión de concursos
públicos, en los que la propia administración desconoce de antemano los
importes imputables por honorarios en las licitaciones públicas.
Cumpliendo la legislación, se debe
fomentar –entre el colectivo y a la sociedad- el conocimiento del coste del
trabajo profesional, desconocido por muchos arquitectos de reciente
colegiación. Esta información, y su correcta difusión, repercutirá en una
mejora de la calidad y eficiencia de los servicios profesionales de
arquitectura que demanda la sociedad.
Respecto del visado de los trabajos de
arquitectura, es necesario reformular su actual cometido y dirigirlo hacia un
certificado de calidad de los proyectos de arquitectura, entendido como un
valor añadido y diferenciado de la actividad genérica de visado, demandado por
la sociedad y por la administración en licitaciones públicas.
Todo esto concierne a la credibilidad del profesional ante la
sociedad y a la recuperación del amor y compromiso con nuestro oficio y
profesión.
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